Por: Redacción Constructivaonline.com.ar

Mendoza inicia una nueva etapa en la regulación de su industria petrolera y gasífera luego de la aprobación definitiva de una reforma que busca modificar las condiciones para invertir, producir y desarrollar recursos energéticos en la provincia.

El Senado otorgó sanción definitiva a la nueva Ley de Hidrocarburos, impulsada por el Poder Ejecutivo, que actualiza una normativa vigente desde hace más de dos décadas. La legislación incorpora incentivos económicos para recuperar producción en yacimientos convencionales, establece un régimen específico para los recursos no convencionales de Vaca Muerta y fortalece las obligaciones ambientales de las compañías. El objetivo es adaptar las reglas a las características actuales de una actividad que enfrenta importantes desafíos tecnológicos, productivos y financieros.

La aprobación en la Cámara Alta completó el tratamiento legislativo de una iniciativa que había obtenido media sanción en Diputados el 21 de octubre, con 39 votos afirmativos y cuatro negativos. La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, destacó la importancia de contar con un marco jurídico actualizado que permita planificar el desarrollo de los recursos provinciales. “El mundo cambió en dos décadas, tanto en aspectos normativos como ambientales. Es fundamental acompañar con una ley acorde que dé previsibilidad a las inversiones y que nos permita proyectar el desarrollo de nuestros recursos hidrocarburíferos para los próximos 50 años”, afirmó la funcionaria.

Uno de los aspectos centrales de la nueva normativa es el reconocimiento de las diferentes realidades productivas que conviven dentro del territorio mendocino. Por un lado, la provincia cuenta con numerosos yacimientos convencionales maduros, donde resulta necesario incorporar inversiones y nuevas tecnologías para sostener la actividad y recuperar niveles de producción. Por otro, dispone de recursos no convencionales asociados con la Cuenca Neuquina, particularmente en el departamento de Malargüe, cuyo desarrollo requiere proyectos de mayor escala y horizontes de inversión prolongados. La legislación busca establecer herramientas diferenciadas para ambos segmentos, evitando aplicar condiciones uniformes a áreas que presentan características geológicas y económicas distintas.

“Tenemos dos grandes desafíos. Por un lado, sostener la actividad en los campos convencionales, donde necesitamos nuevas inversiones y tecnologías para recuperar producción y extender la vida útil de los yacimientos. Por otro, generar las condiciones para que el potencial de Vaca Muerta Mendoza se transforme en proyectos concretos”, explicó Latorre.

Entre las modificaciones más relevantes aparece un nuevo sistema de regalías para las futuras licitaciones de áreas hidrocarburíferas. La legislación anterior establecía una regalía general del 12% sobre la producción y contemplaba la posibilidad de reducirla hasta el 5%, según las condiciones de cada proyecto. El régimen aprobado establece ahora una regalía de referencia del 15%, aunque permite que las empresas presenten ofertas con porcentajes superiores o inferiores. Esta flexibilidad busca adecuar las condiciones económicas a las características de cada yacimiento, permitiendo una mayor participación provincial cuando los proyectos presentan mejores perspectivas de rentabilidad y ofreciendo incentivos cuando la inversión requiere condiciones más favorables.

El cambio también alcanza los criterios utilizados para adjudicar nuevas áreas de exploración y explotación. La regalía ofrecida por una empresa dejará de ser el único elemento relevante en la evaluación, ya que se considerarán el valor integral del proyecto, los niveles de producción previstos y las inversiones comprometidas. Estas últimas tendrán un peso preponderante dentro de la fórmula de adjudicación, con el propósito de priorizar propuestas que puedan traducirse en actividad productiva concreta. 

La reforma incorpora, además, incentivos específicos para recuperar actividad en pozos inactivos, desarrollar exploración complementaria, producir crudos pesados y ejecutar proyectos de recuperación mejorada. En estas situaciones, las regalías podrán establecerse incluso por debajo del 5%, siempre que exista una justificación técnica que respalde esa decisión. La medida busca mejorar la viabilidad económica de operaciones que, por sus características productivas o por los costos asociados, podrían resultar poco atractivas bajo condiciones convencionales.

Para Mendoza, la recuperación de yacimientos maduros constituye uno de los desafíos inmediatos, ya que permite aprovechar infraestructura existente y extender la vida productiva de áreas que requieren nuevas inversiones.

Otra herramienta incorporada es la posibilidad de compensar parcialmente el canon de explotación cuando las empresas realicen inversiones adicionales de riesgo exploratorio. Para acceder a este mecanismo, los desembolsos comprometidos deberán representar al menos el doble del monto que se pretende compensar. En el caso de los permisos de exploración, la normativa también contempla una reducción de hasta el 80% del canon correspondiente a una prórroga. Estas disposiciones buscan incentivar la búsqueda de nuevos recursos y facilitar la continuidad de proyectos que necesitan ampliar su conocimiento geológico antes de avanzar hacia etapas de producción. 

La incorporación expresa de las concesiones de explotación no convencional representa otro de los cambios estructurales de la legislación. Esta figura no estaba contemplada en la normativa provincial de 2006 y adquiere especial relevancia frente a las posibilidades que ofrece la formación Vaca Muerta en territorio mendocino. El nuevo marco establece condiciones específicas para este tipo de desarrollos y habilita la reconversión de concesiones existentes hacia el régimen no convencional, de acuerdo con lo previsto por la legislación nacional. La modificación busca brindar herramientas jurídicas adaptadas a proyectos que requieren tecnologías particulares, importantes desembolsos de capital y planificación productiva de largo plazo.

El alcance de esta actualización resulta especialmente significativo para Malargüe y la denominada lengua mendocina de Vaca Muerta, donde la actividad exploratoria busca determinar las posibilidades de desarrollar recursos no convencionales. A diferencia de los yacimientos tradicionales, este tipo de explotación presenta características técnicas y económicas que requieren esquemas de inversión específicos. La incorporación de un régimen provincial busca ofrecer mayor previsibilidad a las empresas interesadas en evaluar proyectos y avanzar hacia nuevas etapas de desarrollo. La medida no implica por sí misma la concreción de inversiones, pero establece condiciones regulatorias que podrían facilitar la planificación de iniciativas de mayor escala.

La reforma también introduce modificaciones importantes en materia ambiental, con obligaciones que abarcan todas las etapas de los proyectos hidrocarburíferos. Las compañías deberán prevenir y mitigar impactos, realizar los monitoreos correspondientes y ejecutar tareas de recomposición o restauración cuando las condiciones lo requieran.

Estas responsabilidades comprenden tanto las actividades de exploración y explotación como el cierre y abandono definitivo de pozos, instalaciones y ductos. La normativa también contempla el saneamiento de pasivos ambientales, un aspecto especialmente relevante en áreas con una extensa trayectoria productiva. 

Uno de los puntos destacados es que la salida de una empresa de un área hidrocarburífera no extinguirá las obligaciones ambientales generadas durante su operación. De esta manera, la legislación establece expresamente la continuidad de las responsabilidades vinculadas con eventuales impactos o tareas pendientes de recomposición. A esta disposición se suma la obligación de presentar, cada dos años, una Declaración Jurada de Buenas Prácticas de carácter público. El documento deberá incluir información relacionada con ambiente, comunidad, capacitación laboral, proveedores locales, transparencia, integridad, higiene y seguridad. 

El régimen sancionatorio también fue actualizado para adecuar las penalidades a las condiciones económicas actuales. Las multas dejarán de establecerse mediante montos fijos en pesos y pasarán a calcularse en función del precio de la nafta súper, con el objetivo de evitar que pierdan efectividad frente a la evolución de los precios. Las infracciones se clasificarán en leves, graves, muy graves y gravísimas, según sus características. Para determinar las sanciones se evaluarán factores como la duración y gravedad del incumplimiento, los daños o riesgos ocasionados, el beneficio económico obtenido, la reincidencia y las medidas adoptadas por las empresas para corregir las irregularidades detectadas.

La nueva ley también crea la Tasa de Control de la Actividad Hidrocarburífera, un instrumento destinado a financiar las tareas de inspección, fiscalización, adquisición de equipamiento y fortalecimiento técnico de los organismos responsables. Su valor no podrá superar el 0,8% del monto correspondiente a las regalías y/o cánones de cada actividad. La incorporación de esta herramienta apunta a mejorar las capacidades de supervisión del Estado provincial y acompañar las mayores exigencias ambientales y operativas establecidas por la reforma. 

Otro aspecto novedoso es la incorporación de disposiciones destinadas a ordenar la eventual superposición de derechos mineros y proyectos hidrocarburíferos sobre un mismo territorio. Esta situación adquiere mayor importancia frente al crecimiento de la exploración minera en Mendoza y la posibilidad de que diferentes actividades extractivas coincidan geográficamente. La legislación establece como principio general procurar la coexistencia mediante mecanismos de coordinación técnica, operativa, ambiental y temporal. La superposición territorial no implicará automáticamente la caducidad, extinción o rechazo de los derechos involucrados. En cambio, los titulares deberán intercambiar información y analizar alternativas que permitan desarrollar sus proyectos de manera compatible.

Cuando la coexistencia entre actividades mineras e hidrocarburíferas resulte imposible o implique riesgos para la seguridad, el ambiente o el aprovechamiento racional de los recursos, la resolución quedará en manos del Poder Ejecutivo provincial. La decisión deberá adoptarse con intervención de las autoridades competentes y previa audiencia de los interesados, estableciendo un procedimiento para abordar posibles conflictos. Esta disposición busca aportar previsibilidad a dos actividades consideradas estratégicas dentro de la matriz productiva mendocina y evitar que la coincidencia territorial se convierta automáticamente en un impedimento para nuevos proyectos.