Por: Redacción Constructivaonline.com.ar

La gestión del gobernador Alfredo Cornejo ha extendido una serie de líneas de trabajo para dejar de observar Vaca Muerta desde sus márgenes y empezar a ocupar un lugar más relevante dentro de su mapa productivo. Con esa ambición, la Provincia presentó una hoja de ruta que combina nuevos pozos, recuperación de yacimientos maduros, infraestructura y cambios regulatorios, respaldada por inversiones sectoriales superiores a US$ 1.000 millones entre 2026 y 2028.

Cornejo presentó la estrategia durante el Mendoza Energy Summit, con el objetivo de atraer capital y aumentar la producción. La apuesta intenta aprovechar tanto el potencial no convencional del sur provincial como los recursos existentes en campos tradicionales que todavía pueden extender su vida productiva.

El primer movimiento concreto llegará en octubre. YPF tiene previsto comenzar una nueva campaña de perforación en Paso de las Bardas Norte, en Malargüe, donde ejecutará tres pozos horizontales con una inversión superior a US$ 30 millones. El proyecto buscará obtener nueva información sobre el comportamiento de Vaca Muerta dentro del territorio mendocino.

Las perforaciones apuntarán a comprobar el potencial de petróleo pesado y mediano, con ramas laterales que podrían extenderse hasta 2.500 metros. El resultado será determinante: una respuesta favorable podría abrir la puerta a un desarrollo de mayor escala y obligar, al mismo tiempo, a construir nueva infraestructura para tratar y evacuar la producción.

Los dos frentes: Vaca Muerta y los campos maduros

Mientras Malargüe intenta comprobar cuánto puede aportar su porción de Vaca Muerta, Mendoza también busca recuperar producción en áreas convencionales que llevan años de explotación y necesitan inversiones, tecnología y operadores capaces de trabajar con otra estructura de costos.

En ese camino, la Provincia ya adjudicó 12 áreas mediante su sistema de licitación continua. Compañías como Petróleos de Cuyo, Aconcagua Energy y Quintana E&P asumieron compromisos de inversión que incluyen workovers, reentradas de pozos y obras de infraestructura, con la intención de recuperar producción y prolongar la actividad de los yacimientos.

La reorganización también está vinculada con el Plan Andes de YPF. A través de ese proceso, la petrolera transfirió o devolvió 14 áreas maduras en Mendoza, habilitando la posibilidad de que operadores independientes las incorporen a sus carteras y busquen extraer valor mediante modelos operativos y estructuras de costos diferentes.

Pero producir más petróleo abre inmediatamente otra pregunta: cómo transportarlo y procesarlo. Mendoza gestiona una ampliación de la capacidad del Oleoducto Trasandino -Otasa- y trabaja además en la adaptación de la refinería de Luján de Cuyo para responder a las características del crudo proveniente de los nuevos desarrollos.

El gas asociado también forma parte de la ecuación. Los proyectos previstos para el sur mendocino contemplan capturarlo y utilizarlo para generar electricidad directamente en boca de pozo. La alternativa permitiría evitar el desaprovechamiento del recurso y destinar parte de esa energía a cubrir necesidades industriales de la zona.

Nuevas reglas para movilizar capital

La otra pieza de la estrategia será regulatoria. El Ejecutivo provincial anunció el envío a la Legislatura de un proyecto de Ley de Hidrocarburos que reemplazará la normativa vigente y buscará generar mayor previsibilidad para inversiones que, según el tipo de recurso y la incertidumbre geológica, requieren condiciones económicas diferentes.

Entre las modificaciones previstas aparece un sistema de regalías variables. Para proyectos con elevada incertidumbre geológica, exploración no convencional o desarrollos de recuperación terciaria que demanden desembolsos importantes, el porcentaje podría reducirse hasta niveles del 5% o 6%, buscando mejorar la viabilidad económica de inversiones de mayor riesgo.

El proyecto incorpora también la posibilidad de extender hasta 35 años las concesiones correspondientes a desarrollos no convencionales. A eso se sumaría un período de gracia fiscal durante la etapa de evaluación técnica de los bloques, una instancia clave para determinar si los recursos disponibles justifican avanzar hacia inversiones de escala comercial.

La convivencia entre petróleo y minería será otro capítulo del nuevo marco. Especialmente en Malargüe, donde ambos sectores tienen perspectivas de crecimiento, la iniciativa pretende establecer mecanismos que ordenen cuestiones relacionadas con infraestructura, servidumbres y utilización del recurso hídrico, variables que pueden convertirse en puntos de contacto entre diferentes proyectos.

El componente ambiental también gana peso desde el comienzo de las operaciones. Los nuevos pliegos establecen garantías equivalentes al 100% de las obligaciones vinculadas con el abandono de pozos, de manera que existan recursos destinados a financiar las tareas de cierre y remediación una vez que concluya la actividad productiva.