Por: Redacción Constructivaonline.com.ar

Con un grupo de campos convencionales maduros que necesitan nuevas herramientas para seguir produciendo y una porción de Vaca Muerta que demanda nuevas inversiones, el Ejecutivo provincial envió a la Legislatura un proyecto que busca reemplazar la ley hidrocarburífera vigente desde hace dos décadas.

El origen de la propuesta parte de una premisa: la actividad que regulaba la norma de 2006 ya no es la misma. En veinte años cambiaron tecnologías, modelos productivos y marcos regulatorios nacionales, mientras Mendoza comenzó a convivir con el desafío de sostener la producción convencional y crear condiciones competitivas para desarrollar recursos no convencionales.

El proyecto fue presentado en la Cámara de Diputados por la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, junto con su presidente, Andrés Lombardi, y los directores de Hidrocarburos, Lucas Erio, y de Legales, Bruno De Pasquale. El objetivo declarado es sumar instrumentos para atraer inversiones, generar nuevos proyectos, recuperar producción y ampliar el horizonte de la actividad.

“El objetivo es actualizar la norma a las necesidades actuales de una industria que está pasando por una gran reconversión y en la que Mendoza debe proyectarse para los próximos 50 años”, sostuvo Latorre. La funcionaria vinculó esa mirada de largo plazo con reglas claras, continuidad de la actividad, inversiones y generación de nuevas fuentes de trabajo.

La reforma intenta responder a una geografía petrolera que no admite una única receta. En las dos cuencas productivas mendocinas existen yacimientos convencionales maduros donde el desafío pasa por extender la vida útil de los campos, recuperar producción y hacer económicamente atractivas nuevas intervenciones mediante exploración y aplicación de tecnología.

En la Cuenca Neuquina, especialmente en Malargüe, la ecuación es diferente. Allí aparece la lengua mendocina de Vaca Muerta, cuyo desarrollo requiere inversiones intensivas, plazos mayores y condiciones específicas. Frente a esas dos realidades, la futura ley propone mayor flexibilidad para determinar regalías, incentivos y compromisos de inversión según las características de cada área.

Regalías para dos realidades productivas

Uno de los cambios más relevantes estará en las regalías. La legislación actual establece una alícuota general del 12% sobre la producción, con posibilidad de reducirla hasta el 5%. Para las futuras licitaciones, el nuevo proyecto fija una regalía de referencia del 15%, aunque permitirá que las empresas ofrezcan un porcentaje superior o inferior dentro de sus propuestas.

El objetivo es que el porcentaje deje de funcionar como una regla prácticamente uniforme y pueda acompañar la economía de cada activo. Mendoza podrá aspirar a una participación mayor cuando se trate de proyectos con mejores condiciones o aceptar una regalía inferior cuando resulte necesaria para hacer viable la inversión en campos maduros o de menor productividad.

La adjudicación tampoco quedará determinada exclusivamente por quién ofrezca la regalía más alta. La Provincia analizará el valor integral del proyecto, la producción prevista y las inversiones comprometidas. Dentro de esa fórmula, el monto de inversión tendrá un peso preponderante, incorporando una mirada que busca priorizar el desarrollo efectivo de los recursos.

La flexibilidad avanzará todavía más sobre áreas donde recuperar producción resulte complejo. El Ejecutivo podrá reducir regalías para reactivar pozos inactivos, realizar exploración complementaria, producir crudos pesados o desarrollar proyectos de recuperación mejorada. Con fundamento técnico, esas regalías podrán ubicarse incluso por debajo del 5%.

El proyecto incorpora además herramientas sobre los cánones. Una compañía que realice nuevas inversiones de riesgo exploratorio podrá compensar parcialmente el canon de explotación, siempre que invierta al menos el doble del monto que pretende compensar. Para permisos de exploración, en tanto, podrá reducirse hasta un 80% el canon correspondiente a una prórroga.

En esa arquitectura aparece una incorporación especialmente relevante para el futuro petrolero de Malargüe: las concesiones de explotación no convencional de hidrocarburos. La figura no estaba contemplada en la ley provincial de 2006 y ahora tendrá un marco específico que permitirá reconvertir concesiones de acuerdo con la legislación nacional.

La modificación reconoce que desarrollar Vaca Muerta no implica simplemente trasladar las condiciones del negocio convencional a otra formación geológica. Los recursos no convencionales necesitan capital intensivo, horizontes temporales más extensos y condiciones diferentes de las requeridas para intervenir sobre un yacimiento maduro. La nueva ley busca incorporar esa diferencia dentro de las propias reglas provinciales.

Más control ambiental

La actualización no estará enfocada únicamente en mejorar las condiciones económicas de los proyectos. El texto refuerza las responsabilidades ambientales durante todo el ciclo de vida de los yacimientos, desde las etapas de exploración y explotación hasta el cierre y abandono definitivo de pozos, instalaciones y ductos.

Las compañías deberán prevenir y mitigar impactos, efectuar monitoreos y, cuando corresponda, recomponer o restaurar el ambiente. También tendrán que contemplar el saneamiento de pasivos ambientales, incorporando dentro de la regulación una mirada que no termina cuando cesa la producción comercial del yacimiento.

La responsabilidad tampoco desaparecerá con la salida de una operadora. El proyecto establece expresamente que abandonar un área no extingue las obligaciones ambientales generadas durante su explotación. Además, las empresas deberán presentar cada dos años una Declaración Jurada de Buenas Prácticas de carácter público.

Ese documento incluirá información vinculada con comunidad, ambiente, capacitación laboral, proveedores locales, transparencia, integridad, higiene y seguridad. La propuesta suma además entre sus lineamientos la prioridad para trabajadores y proveedores mendocinos, buscando que una mayor actividad hidrocarburífera derrame también sobre la cadena económica y laboral provincial.

Petróleo y minería en un mismo territorio

La reforma incorpora otro desafío que empieza a adquirir relevancia con el crecimiento de la exploración minera en Mendoza: qué sucede cuando los derechos mineros y los proyectos hidrocarburíferos coinciden sobre un mismo territorio. El proyecto establece como principio general que ambas actividades deberán procurar coexistir mediante una compatibilización técnica, operativa, ambiental y temporal.

La superposición, por sí sola, no significará la caducidad, extinción o rechazo de ninguno de los derechos. Los titulares deberán intercambiar información y buscar alternativas que permitan desarrollar ambos proyectos, introduciendo una lógica de coordinación para dos actividades que pueden adquirir un peso creciente dentro de la matriz productiva mendocina.

Cuando esa convivencia resulte imposible o genere riesgos incompatibles con la seguridad, el ambiente, la integridad de los yacimientos o el aprovechamiento racional de los recursos, la decisión quedará en manos del Poder Ejecutivo. El proceso deberá contar con intervención de las autoridades minera e hidrocarburífera y con una audiencia previa de las partes involucradas.

Para resolver esos casos se tendrán en cuenta la situación de los derechos, las posibilidades de compatibilizar o secuenciar los trabajos, las inversiones ya realizadas y comprometidas y los impactos ambientales, sociales y territoriales. Así, la reforma busca anticiparse a conflictos que podrían volverse más frecuentes si petróleo, gas y minería profundizan simultáneamente su desarrollo.

Con la nueva ley, Mendoza intenta construir un marco capaz de abarcar dos tiempos de la industria, es decir, sostener campos que llevan años produciendo y preparar las condiciones para recursos que podrían definir las próximas décadas. Regalías flexibles, incentivos, Vaca Muerta, inversión, exigencias ambientales y convivencia con la minería forman parte de una misma apuesta, concentrada en que la regulación deje de mirar el negocio petrolero del pasado y empiece a ordenar el que la provincia pretende desarrollar hacia adelante.