Por: Redacción Constructivaonline.com.ar
Mendoza decidió intervenir con herramientas fiscales ante un problema que comienza a ganar peso entre familias y empresas: el crecimiento de la morosidad. El gobernador Alfredo Cornejo y el presidente del Banco Nación, Darío Wasserman, anunciaron un paquete coordinado que combina menores tasas para refinanciar obligaciones con incentivos provinciales destinados a reducir el costo de reordenar las deudas.
La estrategia parte de un diagnóstico concreto. Según explicó Cornejo, una parte de las dificultades actuales está relacionada con créditos tomados a tasas elevadas en momentos en que se proyectaba una inflación mayor a la que finalmente terminó registrándose. Ese escenario dejó compromisos financieros cuyo peso resulta difícil de sostener para determinados deudores.
“Los bancos tienen que hacer su tarea, tienen que refinanciar para no perder esos clientes y para que no se caigan del sistema financiero. Quienes tomaron créditos, por su parte, tienen que concurrir a los bancos a refinanciar esa deuda”, sostuvo el Gobernador. El planteo distribuye responsabilidades entre acreedores y deudores, pero suma al Estado provincial como facilitador.
Cornejo remarcó que se trata esencialmente de un problema entre privados, en línea con la posición expresada por el presidente Javier Milei frente a la morosidad. Sin embargo, Mendoza eligió incorporar herramientas propias para favorecer una salida, aun cuando eso represente resignar una parte de sus ingresos tributarios para estimular mejores condiciones financieras.
La participación del Banco Nación tiene además un componente estratégico para Mendoza. La entidad depende del Estado nacional, pero al mismo tiempo funciona como agente financiero de la Provincia, que se encuentra entre sus principales clientes. Esa relación permitió articular una respuesta local frente a un fenómeno que afecta directamente a la economía cotidiana.

Tasas más bajas y nuevas alternativas
Uno de los puntos centrales del acuerdo es la reducción de la tasa aplicada por el Banco Nación para determinadas refinanciaciones. La entidad disminuyó el porcentaje del 35% al 29% nominal anual, seis puntos menos, con la intención de brindar mayor sustentabilidad a los clientes que necesitan reorganizar obligaciones financieras vigentes.
El impacto puede observarse con un ejemplo concreto. Para un crédito de $10 millones financiado a 60 meses, la cuota mensual estimada pasaría de $354.900 a $317.400. La diferencia representa $37.500 menos cada mes, una reducción del 10,6% y un ahorro nominal acumulado de $2,25 millones durante todo el período.
La propuesta del BNA contempla diferentes escenarios según la situación financiera de cada cliente. Para las deudas dentro de la propia entidad existe la posibilidad de consolidarlas mediante una tasa fija en pesos o bajo modalidad UVA. En este último caso, quienes perciben sus haberes en el banco acceden a una tasa nominal anual del 10%, más el ajuste por inflación.
Cuando las obligaciones combinan deudas del Banco Nación y de otras entidades, la alternativa permite reunirlas mediante una financiación UVA. Para quienes cobran su salario en el BNA, la tasa nominal anual prevista es del 12%, a la que se agrega el correspondiente ajuste por inflación, buscando concentrar distintos compromisos en un único esquema.
También existe una opción específica para tarjetas con atrasos recientes, comprendidos entre uno y 85 días. En esos casos se podrán refinanciar hasta $30 millones en pesos con plazos que van desde los 24 hasta los 60 meses. Para esta modalidad, la tasa nominal anual es la que disminuyó del 35% al 29%.
El esquema alcanza incluso a situaciones en las que la mora ya se encuentra instalada. El Banco Nación permite cancelar o reprogramar deudas personales y comerciales con plazos que pueden extenderse hasta los 120 meses, incorporando tasas preferenciales y mecanismos de premios asociados al cumplimiento de los compromisos asumidos.
Incentivos para que otras entidades flexibilicen sus planes
La segunda parte de la estrategia corre por cuenta del Gobierno provincial y apunta a extender el efecto más allá del Banco Nación. Mendoza propone reducir el impuesto a los Ingresos Brutos para aquellas entidades financieras y acreedores que ofrezcan condiciones favorables a sus clientes para refinanciar obligaciones y disminuir el nivel de mora.
“La idea es que este esfuerzo fiscal que estamos haciendo todos los mendocinos impacte directamente en las familias y en las empresas de Mendoza que hoy están teniendo algún inconveniente para pagar. Ya sea que estén en mora o que no lo estén”, explicó el ministro de Gobierno, Natalio Mema, al presentar el alcance de la iniciativa.

El beneficio, sin embargo, no será automático. Para acceder a la reducción tributaria, los acreedores deberán ofrecer una tasa inferior al 40% nominal anual y establecer un plazo de refinanciación superior a 24 meses. Quienes cumplan simultáneamente ambas condiciones podrán obtener una reducción temporal de dos puntos en la alícuota de Ingresos Brutos.
Los números ayudan a dimensionar el universo sobre el que podría impactar el programa. El ministro de Hacienda, Víctor Fayad, señaló que Mendoza cuenta con aproximadamente 870.000 deudores si se consideran entidades financieras, tarjetas de crédito y prestamistas no bancarios. Cerca de 270.000 presentan algún nivel de mora con 30 días o más de atraso.
La magnitud de los compromisos cambia según se trate de particulares o compañías. De acuerdo con los datos presentados por Fayad, la mediana de deuda entre las familias se ubica alrededor de $1,1 millones, mientras que en el caso de las empresas alcanza aproximadamente los $2,8 millones, una diferencia que también obliga a pensar alternativas adaptadas a cada segmento.
El objetivo económico excede la regularización de las obligaciones. “Bajar la incidencia de la cuota sobre los salarios y la facturación generará más ingreso disponible que tendrá, en el mediano plazo, un impacto en la actividad”, sostuvo Fayad. La apuesta oficial es que una menor carga financiera libere recursos para consumo, operación y funcionamiento de las empresas.
Menos impuestos para facilitar la refinanciación
El tercer componente es la eliminación del impuesto de Sellos para las operaciones de refinanciación. Mendoza ya tenía previsto avanzar progresivamente hacia la eliminación total de ese tributo en 2030, pero decidió anticipar la exención para este tipo de operaciones ante las dificultades financieras que atraviesan actualmente numerosos deudores.
La decisión tiene un doble efecto. Por una parte, disminuye el costo fiscal que debe asumir quien necesita reestructurar sus compromisos; por otra, elimina una barrera que permite realizar los trámites de manera completamente digital y autogestionada mediante las plataformas web de bancos o acreedores, simplificando el proceso de refinanciación.
Por ahora, la exención de Sellos fue resuelta para el Banco Nación mediante una consulta vinculante. El objetivo del Ejecutivo provincial es darle respaldo normativo para extenderla a la generalidad de las refinanciaciones y conseguir que el incentivo pueda alcanzar también a operaciones realizadas con otras entidades del sistema financiero.
La rebaja de Ingresos Brutos, en cambio, necesita pasar por la Legislatura porque implica modificar la ley impositiva. El proyecto será enviado a la Cámara de Diputados para tomar estado parlamentario y comenzar su tratamiento, un paso necesario antes de que los beneficios ofrecidos a las entidades puedan entrar efectivamente en vigencia.
Mientras ese debate avanza, la línea de refinanciación del Banco Nación ya se encuentra disponible para sus clientes. El resto de los bancos y acreedores tendrá margen para evaluar los incentivos propuestos por Mendoza mientras se procesa la modificación legislativa, con la expectativa de que más actores financieros decidan ofrecer condiciones similares.
Si los tiempos parlamentarios se cumplen, las reducciones de Ingresos Brutos podrían comenzar a regir durante octubre. El resultado final dependerá de la adhesión que consiga el esquema entre bancos y acreedores, pero la Provincia ya puso sobre la mesa una estrategia concreta: resignar parte de la recaudación para bajar el costo de refinanciar, evitar que más deudores queden fuera del sistema y aliviar la presión financiera sobre familias y empresas mendocinas.