Por: Redacción Constructivaonline.com.ar

El control sobre los efluentes industriales sumó una nueva intervención en Mendoza. El Departamento General de Irrigación clausuró el punto de descarga que el establecimiento San Javier S.A. posee hacia el ducto del canal Pescara, en Luzuriaga, Maipú, luego de detectar incumplimientos ambientales vinculados con el tratamiento de sus vertidos.

La medida fue instrumentada a través de la Dirección de Gestión Ambiental del Recurso y quedó establecida mediante la Resolución N.º 657/26. La decisión no surgió de una inspección aislada: Irrigación señaló que se habían registrado reiterados incumplimientos durante las tareas de fiscalización realizadas sobre el establecimiento.

Los controles detectaron deficiencias persistentes en el tratamiento de los efluentes producidos por la actividad del frigorífico. Como consecuencia del proceso administrativo, el organismo resolvió no solamente impedir la continuidad de las descargas hacia el Sistema Pescara, sino también aplicar una sanción económica por $13.020.000.

Las inspecciones de los equipos técnicos fueron acompañadas por análisis de laboratorio. Esos estudios permitieron comprobar que el establecimiento no cumplía con los parámetros de calidad exigidos para efectuar los vuelcos y que las irregularidades continuaban pese a los apercibimientos y multas que habían sido aplicados anteriormente.

La continuidad de las deficiencias llevó a Irrigación a avanzar un paso más en el esquema de sanciones. Luego de completar el proceso técnico y administrativo, se resolvió clausurar el punto de descarga y exigir a San Javier S.A. la presentación de una propuesta integral para modificar y adecuar su sistema de tratamiento de efluentes.

El plan deberá garantizar que los líquidos tratados cumplan con los parámetros establecidos para este tipo de vertidos. La decisión, sin embargo, no significa que el frigorífico haya sido clausurado. La prohibición alcanza exclusivamente a la descarga de efluentes al ducto del canal Pescara hasta que se acrediten las condiciones técnicas y ambientales correspondientes.

La naturaleza de la actividad explica la relevancia de esos controles. San Javier S.A. se dedica al faenamiento y a la conservación en frío de carne vacuna, procesos que generan líquidos con elevada carga orgánica y microbiológica. Sin un tratamiento adecuado, esos efluentes pueden afectar la calidad del agua y representar riesgos ambientales para los usos ubicados aguas abajo.

La clausura se concretó con la intervención de personal técnico y operativo de Irrigación. El punto de vuelco fue bloqueado mediante un sistema de sellado permanente y posteriormente se confeccionó el acta correspondiente, dejando asentada formalmente la ejecución de la medida adoptada contra la descarga.

El sistema Pescara bajo una mayor fiscalización

La actuación sobre el frigorífico forma parte de un proceso de control más amplio. Irrigación viene fiscalizando a los establecimientos que realizan descargas sobre el Sistema Pescara con el objetivo de mejorar progresivamente la calidad del agua que circula por el ducto y exigir el cumplimiento de las condiciones establecidas para cada generador.

El sistema cuenta con una serie de perforaciones destinadas a mejorar la calidad del agua proveniente de más de 30 establecimientos que vuelcan al ducto cerrado. Sin embargo, desde el organismo remarcan que esa infraestructura no reemplaza la responsabilidad individual. Eso significa que cada empresa debe disponer de tratamientos adecuados a los niveles establecidos por la normativa ambiental vigente.

Desde la Superintendencia General de Irrigación y la Dirección de Gestión Ambiental del Recurso plantearon una posición de mayor firmeza frente a los incumplimientos. El esquema contempla sanciones económicas, clausuras de puntos de vuelco y, cuando la gravedad o las circunstancias lo determinen, la posibilidad de avanzar sobre los propios establecimientos.

La intervención en Maipú deja así una señal que trasciende el caso particular. Irrigación busca reforzar el control de las actividades que generan efluentes y sostener un mismo nivel de exigencia para los establecimientos alcanzados por la normativa, colocando la protección de los recursos hídricos como límite para cualquier actividad productiva que pueda afectar la calidad del agua provincial.