Por: Redacción Constructivaonline.com.ar

Vicuña, la compañía controlada por la australiana BHP y la canadiense Lundin Mining, consiguió una autorización determinante para avanzar con el proyecto de cobre Josemaría en San Juan, cuya inversión se estima en US$ 9.700 millones. El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) aprobó la construcción de la infraestructura eléctrica necesaria para abastecer el futuro desarrollo minero.

La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 330/2026, publicada luego de un proceso regulatorio que incluyó una audiencia pública y numerosas objeciones. El organismo ratificó además que Vicuña tendrá prioridad de utilización sobre el 90% de la nueva capacidad eléctrica que generarán las obras durante un período de 25 años.

La discusión comenzó después de que el regulador estableciera en febrero las condiciones de prioridad de acceso para la minera. Ante los cuestionamientos recibidos, el ENReGE convocó a una audiencia pública el 3 de junio, instancia en la que se presentaron diez oposiciones. Finalmente, el organismo decidió rechazarlas y mantener el esquema previsto originalmente.

La inversión privada detrás de la ampliación eléctrica

El argumento central del regulador es que la prioridad se aplica exclusivamente sobre la nueva capacidad que será financiada por Vicuña. Bajo ese criterio, si una empresa asume con recursos propios la ampliación del sistema eléctrico, debe contar con garantías suficientes para utilizar la infraestructura necesaria para concretar el proyecto que originó esa inversión.

Las obras requerirán alrededor de US$ 800 millones y el 100% del CAPEX será asumido por Vicuña, sin trasladar los costos a otros usuarios. Una vez construidas, las nuevas instalaciones serán operadas y mantenidas por Transener, mientras la infraestructura pasará a formar parte del sistema eléctrico nacional como un activo permanente.

Entre quienes objetaron el esquema se encuentra Andes Corporación Minera, propietaria de Los Azules, otro importante proyecto cuprífero de San Juan. La compañía planteó que la capacidad efectiva de la línea Nueva San Juan-Rodeo sería inferior a la considerada inicialmente y que la prioridad otorgada a Vicuña podría reducir el margen disponible para otros emprendimientos mineros.

El ENReGE respondió que Los Azules no figura como agente del Mercado Eléctrico Mayorista dentro del expediente y que tampoco aparece en la guía utilizada por Transener para proyectar la demanda futura. El organismo sostuvo además que la infraestructura existente continuará disponible y que otros proyectos podrán desarrollar sus propias ampliaciones para obtener condiciones similares de prioridad.

Los cuestionamientos de otros proyectos y de San Juan

Barrick también presentó objeciones y recordó que en 2006 aportó US$ 55 millones para construir el tramo Nueva San Juan-Rodeo, una inversión que, según la compañía, le otorgaría derechos para utilizar hasta 250 MW. También formularon reclamos Gualcamayo, Hualilán, Casposo, los municipios sanjuaninos de Calingasta, Jáchal e Iglesia y un particular de la provincia.

Frente a esos planteos, el ente regulador sostuvo que las líneas de alta tensión se encuentran bajo jurisdicción nacional, incluso cuando las provincias hayan participado financieramente de su construcción. También remarcó que la prioridad concedida a Vicuña alcanza solamente a la capacidad adicional generada por las obras que financiará la empresa y no modifica las condiciones de acceso a la infraestructura existente.

El conflicto regulatorio, sin embargo, podría continuar. El EPRE de San Juan anticipó en una presentación realizada el 3 de julio que podría recurrir a la Justicia si el organismo nacional no aceptaba las condiciones planteadas por la provincia. De concretarse esa decisión, la discusión sobre el desarrollo de la infraestructura eléctrica podría trasladarse al ámbito judicial.

Una infraestructura que trasciende a Josemaría

Desde Vicuña sostienen que las obras de 500 kV tendrán un impacto que irá más allá del abastecimiento de Josemaría. La nueva infraestructura permitirá incrementar significativamente la capacidad de transporte hacia el noroeste sanjuanino, eliminar restricciones estructurales existentes y generar mejores condiciones para acompañar el crecimiento futuro de la demanda eléctrica provincial.

“La obtención del CCyNP (Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública, tal como se denomina el permiso otorgado) representa un paso muy importante para el desarrollo del proyecto”, señaló José Morea, Country Director de Vicuña. El ejecutivo agregó que la empresa continúa dialogando con el EPRE de San Juan para resolver el reconocimiento de inversiones realizadas sobre infraestructura ya existente.

La compañía indicó además que, una vez cubiertas las necesidades energéticas de Josemaría, la capacidad incremental que permanezca disponible podría ser utilizada por otros usuarios de acuerdo con la normativa vigente. De esta manera, la inversión asociada inicialmente al proyecto minero terminará incorporándose al sistema nacional y ampliando la infraestructura eléctrica disponible en San Juan.

Otro efecto estratégico aparece en el corredor Rodeo-Chaparro, que podría contribuir a una futura interconexión Rodeo-Chaparro-La Rioja Sur, identificada como prioritaria dentro de la planificación nacional. A esto se suma el nuevo nodo de Chaparro, que, según Vicuña, permitirá generar mejores condiciones de conexión para futuros proyectos de generación fotovoltaica en la región.

La Rioja había solicitado que Vicuña asumiera también los costos de una futura conexión eléctrica hacia esa provincia, pero el ENReGE rechazó el planteo. El organismo consideró que la infraestructura proyectada permitirá realizar esa vinculación en el futuro y entendió que no corresponde exigir a un inversor privado que financie una obra que no necesita para desarrollar su propio proyecto.

Con la Resolución 330/2026, Vicuña consigue entonces despejar uno de los grandes condicionantes para el desarrollo de Josemaría: disponer de infraestructura eléctrica suficiente para una operación minera de gran escala. Al mismo tiempo, los US$ 800 millones previstos para ampliar la red colocan al proyecto cuprífero como impulsor de una transformación energética que podría beneficiar a futuros desarrollos mineros, eléctricos y productivos del noroeste de San Juan.

Los datos centrales de Vicuña

El Distrito Vicuña es el megaproyecto minero más grande en la historia de Argentina, ubicado en la alta cordillera de la provincia de San Juan (a más de 4.200 metros sobre el nivel del mar).

El desarrollo de escala mundial está a cargo de las multinacionales BHP y Lundin Mining, quienes se unieron para explotar un gigantesco depósito de cobre, oro y plata que promete posicionar al país entre los líderes globales de la transición energética.

El proyecto supone un desembolso global de hasta US$ 18.000 millones durante la próxima década. La primera fase contempla una inversión de US$ 9.700 millones enfocada en los próximos tres años.

Es el primer megaproyecto minero en obtener la aprobación oficial bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), catalogado como Proyecto de Exportación Estratégica a Largo Plazo (Peelp), lo que le otorga estabilidad fiscal por 40 años y beneficios aduaneros y cambiarios.

El distrito unifica dos grandes yacimientos: Josemaría (ubicado íntegramente en suelo sanjuanino) y Filo del Sol (un depósito binacional compartido con Chile). Los estudios demuestran una vida útil mínima de 70 años. Se estima una producción anual promedio de 400.000 toneladas de cobre, 700.000 onzas de oro y 22 millones de onzas de plata.

El proyecto demandó la licitación del denominado "Corredor Norte" (170 kilómetros de ruta) para asegurar que todo el tránsito pesado e insumos se mueva 100% por territorio de San Juan, evitando el paso por provincias vecinas como La Rioja.

Respecto de la logística de exportación, aunque inicialmente el concentrado de cobre se moverá en camiones hacia puertos del Atlántico, el plan a largo plazo contempla su salida vía terrestre hacia puertos chilenos en el Pacífico, debido a la cercanía geográfica y la conveniencia para llegar a los mercados refinadores de Asia.

Impacto laboral y controversias

Se prevé que el proyecto demande unos 12.000 puestos de trabajo directos en el pico de su construcción. Durante la etapa operativa, sostendrá unos 5.000 empleos directos y cerca de 19.000 indirectos mediante proveedores locales.

El proyecto requiere construir una gigantesca ciudad modular en la cordillera para albergar entre 2.500 y 5.000 trabajadores. La adjudicación de esta obra (de más de US$ 50 millones) a una empresa estatal de China generó fuertes reclamos por parte de la Cámara Argentina de Construcción Modular (CACMI), que criticó la importación directa de los módulos en detrimento de la industria nacional.

Actualmente, los trabajos en la cordillera operan de forma continua las 24 horas del día para avanzar con el movimiento de materiales y las obras de infraestructura eléctrica.