Por: Redacción Constructivaonline.com.ar

El Departamento General de Irrigación (DGI) dio un paso clave en el reordenamiento del uso del agua subterránea al oficializar nuevas concesiones para perforaciones ubicadas en las cuencas de los ríos Mendoza y Tunuyán Superior. La medida busca dejar atrás situaciones de precariedad y avanzar hacia un esquema de mayor control y previsibilidad.

A través de una resolución del Tribunal Administrativo, se otorgaron títulos de concesión por un plazo de 50 años a perforaciones estratégicas, aunque bajo un régimen temporal, provisional y condicional, con exigencias técnicas claras para los titulares.

Cinco años para tecnificar el riego

Uno de los puntos centrales de la resolución es la obligación de implementar sistemas de riego tecnificados en un plazo máximo de cinco años. Esto significa que aquellos concesionarios que mantengan métodos gravitacionales o por manto luego de ese período sufrirán una reducción automática del volumen de agua autorizado.

Desde Irrigación explicaron que el objetivo es adecuar la producción a la realidad climática de Mendoza, promoviendo el uso eficiente del recurso hídrico y evitando prácticas que generen derroche.

La exigencia se inscribe en el marco de una política de largo plazo orientada a mejorar la productividad con menor consumo de agua, especialmente en un contexto de escasez estructural.

La resolución también establece plazos estrictos para la medición del consumo, con un máximo de 180 días para la instalación de instrumentos modernos y tubos piezométricos que permitan un control preciso de las extracciones.

En ese mismo período, los titulares deberán incorporar la concesión en los planos de mensura y en las escrituras públicas, garantizando la correcta registración del derecho de uso del agua.

Control, registración y uso exclusivo

Otro aspecto relevante es la obligación de presentar una Declaración Jurada anual, donde los concesionarios deberán informar el volumen de agua utilizado y el proyectado para el siguiente ciclo agrícola.

La resolución también aclara que el agua extraída de estos pozos no es apta para consumo humano, quedando su uso estrictamente limitado a fines agrícolas o industriales.

Asimismo, se dispone la inscripción de las concesiones en el Registro de la Propiedad Inmobiliaria, lo que permite que el derecho quede plenamente oponible a terceros.

Desde el punto de vista legal, la medida representa un avance significativo para los propietarios, ya que transforma permisos precarios en derechos formalmente reconocidos, aportando mayor estabilidad jurídica a los inmuebles.

Esto no solo ordena los registros hídricos, sino que también mejora la posición de los productores frente a operaciones comerciales, financieras o de inversión.

Como parte del proceso de regularización, Irrigación resolvió eximir a los titulares del pago de ciertas tarifas, aunque se mantendrán los costos administrativos vinculados al estudio de títulos y verificación de planos.

El organismo aclaró que esta decisión busca facilitar el proceso de ordenamiento sin desalentar la formalización de las concesiones.

Dentro de la nueva normativa, los inspectores del DGI tendrán acceso irrestricto a las propiedades para verificar el funcionamiento de los medidores y el estado de las perforaciones, reforzando los mecanismos de control. Esta facultad apunta a garantizar el cumplimiento efectivo de las nuevas condiciones establecidas en las concesiones.

Desde Irrigación señalaron que estas medidas forman parte de una estrategia integral para ordenar el uso del agua subterránea, proteger el recurso y asegurar su disponibilidad futura.

La resolución marca un cambio de paradigma, donde la seguridad jurídica va de la mano de mayores exigencias técnicas y ambientales, con el propósito de que la provincia avance hacia un modelo de gestión hídrica más eficiente, transparente y alineado con los desafíos climáticos.