Por: Redacción Constructivaonline.com.ar

En una jornada considerada histórica por el oficialismo, la Legislatura de Mendoza otorgó sanción definitiva a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de PSJ Cobre Mendocino, el proyecto de cobre que se emplazará en Uspallata y que se convertirá en la primera explotación de cobre de la Argentina.

La aprobación fue contundente, con 29 votos afirmativos, 6 negativos y una abstención. Con este paso, solo resta la publicación oficial para que la empresa avance con la construcción de la mina, cuya operación está prevista para fines de 2027.

El proyecto se encuentra a 37 km de Uspallata y a 97 km de la Ciudad de Mendoza. Será la primera mina de cobre a mediana escala en la provincia y la primera explotación de este mineral en todo el país, abriendo un capítulo inédito en la minería argentina.

Impacto económico y social de un proyecto clave

Desde PSJ indicaron que la inversión inicial estimada es de USD 560 millones, con un potencial de producción anual de 40.000 toneladas de cobre. La vida útil de la mina se calcula en 16 años, aunque algunos estudios preliminares indican que podría extenderse una década más.

A valores actuales del mercado, las exportaciones podrían alcanzar USD 7.000 millones durante todo el ciclo operativo, convirtiendo a PSJ en uno de los proyectos económicos más importantes de la historia provincial.

Durante el debate legislativo, los defensores del proyecto remarcaron que Mendoza se encuentra ante una oportunidad transformadora. La presidenta del bloque Cambia Mendoza, Natacha Eisenchlas, afirmó que las exportaciones provinciales “podrían crecer un 30%” con PSJ y destacó el impacto en empleo directo e indirecto.

Eisenchlas también subrayó que Uspallata enfrenta una situación socioeconómica crítica, con “el 70% de su población dependiendo del Estado y un 30% por debajo de la línea de pobreza”. Según la legisladora, la puesta en marcha del proyecto minero podría “cambiar la realidad de miles de familias”.

Desde La Unión Mendocina también acompañaron la iniciativa, aunque con matices. El legislador Martín Rostand cuestionó las posiciones históricas de los partidos tradicionales y denunció una “falsa dicotomía” que, según dijo, hizo perder “14 años de desarrollo” a la provincia.

Su compañera de bancada, Flavia Manoni, fue la única integrante del espacio que votó en contra.

Un peronismo dividido y un debate con fuertes contrapuntos

El peronismo expuso diferencias internas al momento de votar. Respaldaron la DIA los legisladores Alejandra Barro, Mercedes Derrache, Mauricio Sat, Pedro Serra y Adriana Cano. En cambio, Helio Perviú, Félix González, Gerardo Vaquer y Cristina Gómez se manifestaron en contra.

Derrache aclaró que el apoyo del sector no implica “un cheque en blanco al Gobierno”, y aseguró que la Legislatura exigirá que el Ejecutivo cumpla estrictamente con las normas de seguridad y los requisitos ambientales vigentes.

Por su parte, Félix González protagonizó uno de los discursos más críticos. Afirmó que la DIA aprobada es “la autobiografía de un fracaso” y sostuvo que el documento presentado “no corresponde a un estudio de factibilidad, sino a una DIA de prefactibilidad incompleta”.

Según González, el proyecto volvió a la Legislatura con “la misma DIA de hace quince años, maquillada”, lo que -según su visión- evidencia la falta de una síntesis política capaz de superar el debate minero.

Luego de la votación de PSJ, los senadores avanzaron con la Declaración de Impacto Ambiental de la segunda etapa del Distrito Minero Malargüe, que abarca 27 nuevas iniciativas de exploración. La aprobación contó con 31 votos afirmativos, 3 negativos y una abstención.

Con estas decisiones, Mendoza profundiza una política de diversificación productiva que busca ampliar su matriz económica y consolidarse como referencia nacional en minería responsable.