Por: Redacción Constructivaonline.com.ar

El Gobierno de Mendoza dio un paso trascendental para garantizar un servicio esencial con la firma de un préstamo millonario con el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA) destinado a la ampliación y modernización de la red de agua potable en la provincia.

La operación, oficializada mediante el decreto 1947 y publicada en el Boletín Oficial, asciende a 75 millones millones de dólares y cuenta con la firma del gobernador Alfredo Cornejo, junto al ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, y el ministro de Gobierno, Natalio Mema.

Un programa para mejorar la calidad de vida

El plan, denominado “Programa de Optimización y Expansión de los Servicios de Agua Potable en la Provincia de Mendoza”, busca mejorar la calidad de vida de los habitantes del Gran Mendoza y de San Rafael. Los objetivos centrales incluyen optimizar los procesos de potabilización, ampliar la cobertura de agua potable y garantizar la continuidad del servicio en las zonas más críticas.

La iniciativa también contempla un aspecto innovador concentrado en fortalecer la capacidad institucional de AYSAM con políticas de género y diversidad, lo que apunta a consolidar una gestión más inclusiva y equitativa.

Condiciones del financiamiento

El préstamo se estructura en dólares, con un plazo de 20 años y un período de gracia de cinco. La tasa de interés estará basada en la referencia SOFR más un margen de 280 puntos básicos, aunque se reducirá a 233 gracias a un subsidio conocido como Tasa Operativa Compensada (TOC). En tanto, la República Argentina asumirá el rol de garante.

El contrato fija además ciertos requisitos para el desembolso de los fondos, teniendo en cuenta la presentación del Reglamento Operativo del Programa, la designación de una Unidad Ejecutora y la firma de un convenio entre la Provincia y AYSAM que delimite funciones y responsabilidades.

En materia de ejecución, se establecen compromisos específicos, como la conformación de un equipo socioambiental dentro de los 120 días posteriores a la firma y la elaboración de un Plan de Desafectación Predial en un plazo de 180 días, con cronogramas y flujos de implementación bien definidos.