Por: Redacción Constructivaonline.com.ar

El Gobierno de Mendoza reglamentó, a través del Decreto 1673/25, la posibilidad de que los organismos de la administración provincial realicen compras de bienes y servicios en plataformas digitales y marketplaces.

La medida se enmarca en la Ley de Administración Financiera y apunta a modernizar la gestión pública, incorporando mecanismos de contratación que ya son habituales en el sector privado.

Transparencia y justificación de precios

Uno de los aspectos centrales del decreto es que cada compra deberá incluir una justificación detallada de la oferta elegida. Para ello, los organismos estarán obligados a documentar una comparación de precios entre distintas plataformas.

Además, si existe un Acuerdo Marco vigente con proveedores ya adjudicados, el organismo solo podrá acudir al marketplace si demuestra que la operación es más conveniente para el Estado.

Con esta exigencia, el Ejecutivo provincial busca garantizar que las contrataciones digitales no pierdan el rigor de control ni la trazabilidad que exige la normativa vigente.

Alcance de la normativa

Las contrataciones alcanzadas son las contempladas en el artículo 144 inciso “s” de la Ley 8706, reformada por la Ley 9625, que autoriza operaciones bajo este esquema en el marco de la gestión financiera pública.

La reglamentación aclara también que las compras realizadas bajo esta modalidad estarán exceptuadas de publicación en el Boletín Oficial, aunque deberán quedar sujetas a los sistemas de control financiero internos.

De este modo, se apunta a agilizar los procesos sin resignar seguridad en el uso de los fondos públicos.

Nuevos medios de pago habilitados

Otro punto destacado es la ampliación en el uso de las tarjetas corporativas oficiales. Hasta ahora, estos instrumentos solo podían utilizarse para viáticos o anticipos, pero a partir de la reglamentación también podrán emplearse para compras en entornos digitales.

La decisión busca adaptar las herramientas financieras del Estado a los mecanismos de pago predominantes en el comercio electrónico, permitiendo mayor inmediatez y trazabilidad en las operaciones.

Asimismo, el decreto establece que los costos de envío y devoluciones deberán ser contabilizados como parte del monto total de la compra, evitando así subestimaciones en los registros contables.

Un paso hacia la modernización del Estado

El Ejecutivo provincial instruyó a los órganos de Contabilidad, Tesorería y Contrataciones a dictar disposiciones complementarias que faciliten la implementación del sistema.

Estas medidas deberán asegurar que las adquisiciones se ajusten a los principios de eficiencia, buena administración y control del gasto público, pilares que rigen todas las contrataciones estatales.

Con esta reforma, el Gobierno mendocino espera reducir tiempos y costos en los procesos de adquisición, al tiempo que incorpora la flexibilidad del comercio digital en beneficio de la gestión pública.

La medida está concentrada en modernizar la administración provincial, mejorar la eficiencia del gasto y aprovechar las herramientas tecnológicas que hoy marcan la dinámica de la economía global.

Con este paso, Mendoza se suma a la tendencia de gobiernos que integran las plataformas digitales en sus procesos de contratación, alineando el sector público con las prácticas del siglo XXI.