Por: Redacción Constructivaonline.com.ar

El Colegio de Agrimensura de Mendoza (CAM) dio inicio a la campaña “Elegí Legal: Territorio Ordenado, Futuro Seguro”, con el objetivo de advertir a la sociedad sobre los riesgos de adquirir terrenos en loteos informales.

La iniciativa busca concientizar a quienes se encuentran en proceso de compra o con intenciones de hacerlo, frente a un fenómeno que afecta a miles de familias mendocinas.

Actualmente, en la provincia se registran más de cuatrocientos loteos informales. Esta realidad preocupa tanto a las autoridades como a las entidades profesionales, que señalan los graves problemas de ordenamiento territorial que surgen cuando la compra de tierras no sigue los pasos legales adecuados.

El impacto social e institucional

Desde el CAM advierten que el acceso informal a la vivienda constituye un fenómeno tanto social como institucional. Por un lado, responde a la necesidad genuina de la población de tener un terreno propio; por otro, genera un desorden en la planificación urbana de municipios y del Estado provincial.

“Necesitamos generar conciencia en la sociedad para que, al momento de comprar un terreno, se eviten aquellos que no cumplen con las condiciones legales necesarias para garantizar la titularidad”, señalaron desde la entidad.

En ese sentido, el Colegio de Agrimensura viene trabajando junto a organismos públicos para ofrecer soluciones estructurales al problema. Una de las medidas más importantes fue la aprobación de la Ley de Regularización Dominial, que busca dar respuesta a la situación de miles de inmuebles en condiciones irregulares.

Avances legislativos y legales

Paralelamente, se encuentra en debate una Ley de Loteos Informales, que funcionará como una herramienta para que los municipios regularicen la situación dominial de los terrenos. Una vez aprobada, permitirá que las tierras en conflicto puedan obtener aprobación de loteos y, con las inversiones correspondientes, acceder a servicios esenciales.

“Con esta ley, los municipios contarán con un instrumento para regularizar tierras y ofrecerles titularidad a las familias que ya habitan allí”, remarcaron desde el CAM.

La campaña “Elegí Legal” busca entonces trabajar en dos frentes. Por un lado, prevenir que nuevos compradores caigan en la trampa de los loteos informales, y a la vez, ofrecer un marco legal que brinde soluciones a quienes ya están viviendo en ellos.

El rol del Agrimensor Social

En paralelo, el CAM puso en marcha el Registro del Agrimensor Social, un listado de profesionales voluntarios dispuestos a brindar servicios con honorarios sociales. Su finalidad es facilitar y agilizar los procesos de mensura, estudios de títulos y regularización dominial.

Este registro se ha convertido en una herramienta clave para organismos como la Dirección de Bienes Registrables del Estado (DiGeBiRE), municipios y sociedades civiles, que lo utilizan en proyectos de ordenamiento territorial.

Gracias a este trabajo, se busca no solo dar seguridad jurídica a las familias, sino también ofrecer información catastral actualizada que facilite la planificación provincial y municipal.

La campaña también incluye la difusión de mensajes en medios de comunicación, cartelería en la vía pública y spots radiales y televisivos con el objetivo de llegar a la mayor cantidad de personas posibles con un mensaje claro, enfocado en los riesgos que implica para el futuro de las familias comprar en loteos informales.

"La campaña es mucho más que un eslogan. Es una invitación a repensar cómo la sociedad accede a la vivienda y a construir, de manera colectiva, un futuro con seguridad jurídica y territorial", señalan desde el CAM.

La entidad agregó que están disponibles los canales de comunicación de la institución para responder dudas y consultas de los ciudadanos que buscan orientación antes de concretar una compra.

El desafío no es menor si se tiene en cuenta que más de cuatrocientos loteos irregulares representan un problema estructural que no se resolverá de un día para otro. Sin embargo, mediante leyes adecuadas, profesionales comprometidos y ciudadanos informados, la provincia podrá avanzar hacia un territorio ordenado, con todas las ventajas que eso supone respecto del derecho a la vivienda dentro de un pleno respaldo jurídico.