

El gobernador Alfredo Cornejo firmó el Decreto Nº 1291 que reglamenta el artículo 47 de la Ley de Presupuesto 2025, creando así un marco operativo para que los municipios accedan a financiamiento provincial destinado a proyectos habitacionales, obras de urbanización e infraestructura básica.
El instrumento legal habilita al Ejecutivo provincial a destinar hasta $20.000 millones a estas iniciativas, bajo un modelo de cofinanciamiento en el que los municipios deberán aportar una parte de los fondos y comprometerse con plazos y condiciones específicas. La ejecución de los proyectos estará a cargo del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).
Las denominadas “soluciones habitacionales” abarcan no solo la construcción de viviendas nuevas, sino también ampliaciones, mejoras y terminaciones de unidades ya existentes. Asimismo, podrán incluirse obras complementarias como redes de agua, cloacas, alumbrado público, calles y demás intervenciones claves para promover una urbanización integral.
El decreto especifica que solo podrán recibir financiamiento aquellos proyectos que se encuentren inscriptos en el Banco Integrado de Proyectos (BIP) y cuenten con una aprobación técnica y financiera previa, emitida por la Dirección General de Inversión Pública y la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial.
Los municipios deberán suscribir convenios individuales con la Provincia antes del 30 de septiembre de 2025. Las obras, por su parte, deberán comenzar antes del 31 de diciembre del mismo año. Si no se cumplen estos plazos, los fondos serán reasignados automáticamente a otras jurisdicciones que sí hayan cumplido con los requisitos.
Para garantizar el cumplimiento de los compromisos, los gobiernos locales deberán ceder en garantía fondos de coparticipación, según lo establecido en la Ley N.° 6396. En caso de incumplimiento, la Provincia podrá retener esos recursos de manera automática.
El decreto también prevé la posibilidad de modificar los convenios mediante adendas y de financiar tanto nuevos proyectos como obras en curso, siempre que estas no estén ya financiadas mayoritariamente por recursos nacionales u otros organismos de crédito.
La normativa faculta a los ministros de Hacienda y Finanzas, y de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, a firmar convenios, ejecutar transferencias, realizar ajustes presupuestarios y tomar todas las medidas necesarias para llevar adelante los proyectos, incluso más allá del actual ejercicio fiscal.
Con esta iniciativa, el Ejecutivo busca fortalecer la inversión pública descentralizada y agilizar la ejecución de obras locales que respondan a las necesidades habitacionales y de urbanización de los mendocinos. En línea con los planes de ordenamiento provincial y municipal, la medida apunta a mejorar el acceso a la vivienda y la calidad del hábitat en toda la provincia.